La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el 25 de junio el recurso extraordinario del Estado y dejó firme la cautelar que obliga al Ejecutivo a cumplir los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. Según Chequeado, el tribunal resolvió por unanimidad: declaró inadmisible la apelación oficial por falta de sentencia definitiva, así que la orden de aplicar la ley sigue vigente.

El artículo 5 manda actualizar los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas de forma retroactiva al 1 de diciembre de 2023, indexados por la inflación que mide el INDEC, con paritarias cada tres meses y aumentos no inferiores a esa inflación. El artículo 6 ordena la actualización automática y por inflación de todas las becas estudiantiles.

Las cifras explican por qué el Gobierno resistió tanto. Chequeado calculó que el cumplimiento pleno implica alrededor de un 56% de aumento sobre los salarios de mayo de 2026, contra el 24,3% que ofreció el Ejecutivo (un 21,3% en junio más un 3% en octubre): faltan 29 puntos. Para un profesor adjunto, el sueldo debería llegar a unos $525.000 y no a los $409.000 que surgen de la oferta oficial. Las becas siguen la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, un 241% según el INDEC, de modo que las Becas Progresar suben cerca de un 95%, de los $35.000 actuales a unos $68.200.

La pelea no empezó en la Corte. El Senado sancionó la ley en agosto de 2025. Milei la vetó en septiembre. En octubre el Congreso volteó el veto en las dos cámaras. El Ejecutivo la promulgó y la suspendió por decreto con el argumento de que el Congreso no había precisado la fuente de financiamiento. El Consejo Interuniversitario Nacional fue a la Justicia para tumbar ese decreto, ganó la cautelar en primera instancia y la Corte acaba de blindarla.

El contraste pone fechas sobre la mesa. Mientras el Gobierno explicaba que no encontraba con qué pagar 29 puntos de salario docente, la Cámara de Diputados le daba media sanción al Súper RIGI, según Infobae y Ámbito, con 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones. Ese régimen garantiza 30 años de estabilidad fiscal, aduanera, cambiaria y regulatoria a las inversiones que superen los US$1.000 millones, y baja al 15% el impuesto a las ganancias de capital. Para el gran capital, tres décadas de previsibilidad escritas en una ley. Para las universidades, un decreto que les negaba lo que ya era ley.