Lo decisivo del Súper RIGI no es ninguno de los beneficios que se enumeran, sino el plazo que los protege. La estabilidad fiscal y cambiaria por 30 años, detallada por El Cronista, significa que ningún gobierno de las próximas tres décadas, sin importar quién lo elija ni con qué mandato, podrá subirle un punto de Ganancias ni tocarle el acceso al dólar a una de estas firmas sin exponerse a un reclamo. La política tributaria sobre el capital más concentrado del país queda, por una generación, fuera de la deliberación que pueda votar cualquier Congreso futuro.

Adentro de ese paraguas, la letra es generosa. La amortización acelerada permite descontar la inversión de Ganancias mucho antes de lo habitual; las contribuciones patronales bajan; los derechos de importación y de exportación se eximen; y el cepo se libera de forma progresiva hasta el 100% de las divisas a partir del tercer año de exportación, según el texto que reprodujeron Infobae y El Cronista. El piso para entrar es alto, inversiones superiores a US$1.000 millones en lo que la ley llama "industrias del futuro", de modo que el universo de beneficiarios se acota al capital más grande.

En el recinto la aritmética fue la previsible: el oficialismo sumó a sus aliados habituales del PRO, la UCR, el MID y los bloques provinciales, según la HCDN, y las 7 abstenciones no alcanzaron para inquietar el resultado. Karina Milei estuvo presente en la votación, según consignaron Infobae y La Nación. El proyecto pasa ahora al Senado, donde el Gobierno deberá rearmar la misma coalición con un número más ajustado.

Hasta acá, una ley más de un Gobierno que hizo de los incentivos al gran capital su programa económico. Lo que la vuelve legible es lo que pasó alrededor. La misma semana en que Diputados ofrecía tres décadas de tasa reducida a las megainversiones, la Corte Suprema dejó firme el fallo que obliga al Ejecutivo a financiar las universidades nacionales: la actualización salarial retroactiva a diciembre de 2023 y las becas que un veto presidencial y un decreto posterior habían intentado frenar. El mismo Estado que litigó hasta la última instancia para no poner esos pesos acaba de resignar, por 30 años, la recaudación de Ganancias sobre las mayores inversiones del país.

El contraste no termina ahí. En esos días el Congreso también convirtió en ley el pago de unos US$171 millones a fondos holdout, los acreedores de Bainbridge y el grupo liderado por Attestor, según El Cronista y Minuto Uno. Puestas en fila, las decisiones ordenan las prioridades sin necesidad de adjetivos: caja y votos para los holdouts y para el blindaje impositivo de las grandes inversiones, y pleito judicial hasta el final para no pagarle a los docentes universitarios.

Queda la pregunta que ningún anuncio respondió: quién cubre lo que el fisco deja de cobrar. Una exención no borra el costo, lo corre de lugar. Cada punto de Ganancias que no tributa la "industria del futuro" sale de otro bolsillo, el de los consumos y los salarios que sí pagan la tasa completa. El Súper RIGI no se debatió como lo que es, una decisión sobre quién va a sostener al Estado durante los próximos 30 años, sino como una buena noticia para la inversión. El Senado tiene ahora la palabra, y el mismo expediente sobre la mesa.