El fiscal Gerardo Pollicita ordenó el 25 de junio nuevas medidas de prueba en la causa por enriquecimiento ilícito que tramita contra Manuel Adorni, según informaron La Nación e Infobae. Es el paso previo a pedirle que justifique su patrimonio, antesala de una eventual indagatoria. Los contadores de la DAFI que asisten al fiscal deberán revisar la evolución patrimonial del jefe de Gabinete desde el 14 de diciembre de 2023, cuando asumió, hasta hoy, y marcar las 'inconsistencias' entre lo declarado y lo gastado. Pollicita también pidió informes al country Indio Cuá, donde Adorni compró una propiedad, a ARCA y a las plataformas de criptomonedas Binance y Lemon Cash.

El detalle que ordena la causa lo publicó La Nación el 26 de junio. Adorni compró un monitor gamer Samsung Odyssey OLED G8 4K por $2.184.999 el 19 de agosto de 2025, y dos proyectores Epson Home Cinema 2350 por $1.831.795 cada uno el 13 de agosto, todo a través de su cuenta personal de Mercado Libre. El total, $5.848.589, lo pagó con tarjetas de crédito que no eran suyas: la del monitor figura a nombre de Laura Daniela Schiuma, directora general de Actividades Presidenciales, y la de los proyectores a nombre de Luis Enrique Aluju, coordinador de Información de Gobierno. Los dos trabajan bajo su órbita. Su sueldo de entonces, según el mismo diario, rondaba los 3,5 millones de pesos: menos que lo que gastó en pantallas.

La Nación agregó otro episodio a la causa. El 2 de junio de 2025 se pagaron $8.183.383 en efectivo por blanquería, y el comprobante apareció en el teléfono del contratista Matías Tabar. Según el diario, Pollicita examina ese celular, en el que habría mensajes que muestran al jefe de Gabinete coordinando con el contratista qué iba a declarar ante la Justicia.

Mientras la causa avanza, el oficialismo se ocupaba del Congreso. El PRO reclamó la renuncia de Adorni y pidió interpelarlo, al sostener que no está en condiciones de seguir en el cargo, según El Economista. La coherencia duró poco: el 23 de junio, informó Infobae, el oficialismo logró frenar la sesión que buscaba interpelarlo en Diputados, y lo hizo con ayuda del propio PRO y de la UCR. La interpelación, el único acto en el que Adorni debería responder de cara al país, quedó cajoneada. El costo interno fue visible: Esteban Bullrich renunció al PRO después de que el bloque auxiliara a Adorni en esa sesión, según La Nación.

Lo que sigue, al cierre de esta nota, es versión. La Nación e Infobae informan, sobre la base de fuentes de la Casa Rosada, que Adorni presentaría la renuncia este fin de semana, que perdió el respaldo de Karina Milei y de Santiago Caputo, y que Diego Santilli pica en punta para reemplazarlo, unificando Interior con la Jefatura de Gabinete. Javier Milei volvió de España el sábado a la madrugada y lo recibió en Olivos. Nada de esto está confirmado por el Gobierno con nombre y apellido: son trascendidos.

Conviene leer las dos escenas juntas. Adorni construyó su figura pública como vocero de la 'austeridad' y del relato anticasta, el funcionario que mostraba la motosierra y le pedía sacrificio al resto. La causa que ordenó Pollicita y las compras que reveló La Nación describen otra cosa: pantallas de alta gama pagadas con tarjetas de empleados a su cargo, una propiedad en un country, gastos que su sueldo no explica. El anticasta investigado por la casta de siempre, con la diferencia de que esta vez los papeles son los suyos.

Y la forma de la salida dice tanto como la causa. Si Adorni se va, el Gobierno eligió que se vaya un sábado, por la puerta de atrás, antes del martes en que las comisiones de Diputados podían volver sobre su situación. Una salida negociada un fin de semana le ahorra lo que la interpelación obligaba: sentarse frente al Congreso y explicar de dónde salió la plata. A quién beneficia esa coreografía está claro, al propio Gobierno, que cambia una cara sin rendir cuentas. Quién paga también: el contribuyente que financió los monitores, y la palabra 'anticasta', que después de esto vale un poco menos.