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Javier Milei firmó el veto a la ley de aumento excepcional a las jubilaciones, a la moratoria previsional y a la emergencia en discapacidad. En Diputados la oposición consiguió 160 votos para insistir, pero no los dos tercios: 83 en contra, 6 abstenciones y 8 ausentes alcanzaron para sostener el veto. Quien quiera saber quién decidió que no haya aumento no tiene que mirar solo a los que votaron en contra.
La inflación argentina, que la gestión de Javier Milei había llevado del 68,2% anual de diciembre de 2024 al 22,1% en agosto de 2025, revirtió la tendencia y trepó al 31,7% en abril de 2026. En paralelo, la desaprobación al Presidente marca máximos (entre 58% y más de 64% según la consultora), aun cuando insiste en que la economía empieza a expandirse. La distancia entre el anuncio y los números es, otra vez, el dato.
La Corte Suprema dejó firme el 25 de junio, por unanimidad, la cautelar que obliga al Ejecutivo a cumplir los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario: actualización salarial del personal docente y no docente retroactiva al 1 de diciembre de 2023 e indexada por el INDEC, con paritarias trimestrales, y actualización automática de las becas por inflación. Según Chequeado, cumplir implica cerca de un 56% de aumento sobre los salarios de mayo de 2026, frente al 24,3% que ofreció el Gobierno, y subir las Becas Progresar un 95%, de $35.000 a unos $68.200. Milei vetó la ley en septiembre de 2025, el Congreso volteó el veto en octubre y el Ejecutivo la suspendió igual por decreto, hasta que el tribunal lo frenó.
Diputados sancionó el 24 de junio, por 139 votos contra 97 y sin abstenciones, la ley que autoriza pagar alrededor de US$171 millones a dos grupos de holdouts: unos US$67 millones a Bainbridge Ltd. y unos US$104 millones al grupo de Attestor Value Master Fund LP, mediante Delivery versus Payment y contra el plazo del 30 de junio fijado por la jueza Loretta Preska. La votaron La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID y aliados provinciales; la rechazaron Unión por la Patria y el Frente de Izquierda. En paralelo, la beca Progresar sigue congelada en $35.000 desde 2024 y la Corte Suprema debió ordenarle al Gobierno cumplir la ley que actualiza salarios docentes y becas universitarias.
Manuel Adorni dejó la vocería presidencial en junio y negocia su salida de la Jefatura de Gabinete. Detrás del eslogan de la "pauta cero", las empresas del Estado sostuvieron el gasto publicitario y la Secretaría que dirigió creció en presupuesto y personal. ¿Cuánto costó el adorno, y quién lo financió?
La Cámara de Diputados aprobó el llamado Súper RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias) por 130 votos contra 106 y 7 abstenciones, en la sesión de la noche del miércoles, según la HCDN; el proyecto pasa al Senado. El régimen garantiza por 30 años una alícuota de Ganancias del 15%, la mitad de lo que paga el RIGI común y bastante menos que el 35% general, más estabilidad cambiaria, amortización acelerada y exenciones aduaneras para inversiones tecnológicas mayores a US$1.000 millones. Lo votaron La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID y aliados provinciales; lo rechazaron Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, con Karina Milei presente en el recinto. La discusión no fue qué se aprobó, sino qué quedó sin plata la misma semana: las universidades, que el Gobierno terminó obligado a financiar por la Corte.
